El pensamiento crítico y una cultura del cuestionamiento son nuestros mejores antídotos contra el autoritarismo.
Por Henry A. Giroux
¿Qué le sucede a la democracia cuando el presidente de Estados Unidos tacha a los medios de comunicación críticos de «enemigos del pueblo» y denigra la búsqueda de la verdad con el término genérico de «noticias falsas»? ¿Qué le sucede a la democracia cuando se demoniza a individuos y grupos por motivos religiosos? ¿Qué le sucede a una sociedad cuando el pensamiento crítico se convierte en objeto de desprecio? ¿Qué le sucede a un orden social regido por una economía del desprecio que culpa a los pobres de su situación y los somete a una cultura de humillación? ¿Qué le sucede a un sistema político cuando se repliega en compartimentos estancos y se vuelve indiferente al lenguaje empleado al servicio de una ira descontrolada, un lenguaje que aviva la ira pero ignora los problemas importantes? ¿Qué le sucede a un orden social cuando trata a millones de inmigrantes indocumentados como prescindibles, potenciales terroristas y «criminales»? ¿Qué le sucede a un país cuando los principios rectores de su sociedad son la violencia y la ignorancia?
Lo que sucede es que la democracia se marchita y muere, tanto como ideal como en la práctica.
En la actualidad, resulta fundamental para educadores y ciudadanos comprometidos de todo el mundo proteger y ampliar las culturas educativas formativas críticas y los espacios públicos que hacen posible la democracia. Los periódicos alternativos, los medios progresistas, la cultura audiovisual, los medios digitales y otros espacios educativos donde se generan pedagogías públicas constituyen los elementos políticos y educativos de una cultura formativa crítica y dinámica en un amplio abanico de ámbitos públicos. Las culturas formativas críticas son cruciales para la producción del conocimiento, los valores, las relaciones sociales y las visiones que fomentan y sustentan la capacidad de pensar críticamente, participar en la disidencia política, organizarse colectivamente y ocupar espacios públicos donde se puedan desarrollar teorías alternativas y críticas.
La clave de un pensamiento arriesgado reside en el reconocimiento de que la educación es fundamental para la política y que una democracia no puede sobrevivir sin ciudadanos informados.
Las sociedades autoritarias no solo censuran, sino que también castigan a quienes expresan lo que podría denominarse pensamiento peligroso. En el fondo, pensar de forma peligrosa implica reconocer que la educación es fundamental para la política y que una democracia no puede sobrevivir sin ciudadanos informados. El pensamiento crítico y arriesgado es la condición previa para cultivar la imaginación ética que permite a los ciudadanos comprometidos aprender a gobernar en lugar de ser gobernados. Pensar con valentía es esencial para una concepción de la alfabetización cívica que considera el conocimiento como fundamental para la búsqueda de la justicia económica y política. Este tipo de pensamiento incorpora un conjunto de valores que permite a una comunidad política abordar de forma crítica el uso y los efectos del poder, especialmente a través de un sentido desarrollado de compasión por los demás y por el planeta. Pensar de forma arriesgada es la base de una cultura formativa y educativa de cuestionamiento que reconoce la importancia de la imaginación para el ejercicio de la libertad. Pensar de forma arriesgada no solo es la piedra angular de la capacidad de acción crítica y la ciudadanía comprometida, sino también el fundamento de una democracia que funcione.
La educación y la lucha por la liberación
Todo intento viable de desarrollar una política democrática debe comenzar por abordar el papel de la educación y la formación cívica como elementos centrales de la política misma. La educación también es vital para la formación de individuos capaces de convertirse en agentes sociales críticos, dispuestos a luchar contra las injusticias y a desarrollar las instituciones cruciales para el funcionamiento de una democracia sustantiva. Una forma de iniciar este proyecto es analizar el significado y el papel de la educación superior (y la educación en general) como parte de la lucha más amplia por la libertad.
El alcance de la educación se extiende desde las escuelas hasta diversos ámbitos culturales, como los medios de comunicación tradicionales, las culturas audiovisuales alternativas y la creciente cultura digital. Mucho más que un método de enseñanza, la educación es una práctica moral y política que participa activamente no solo en la producción de conocimientos, habilidades y valores, sino también en la construcción de identidades, modos de identificación y formas de acción individual y social. Por consiguiente, la educación es fundamental para comprender la política y el marco ideológico de los mecanismos que configuran nuestra vida cotidiana.
En todo el mundo, las fuerzas del fundamentalismo de libre mercado utilizan el sistema educativo para reproducir una cultura de privatización, desregulación y comercialización, al tiempo que atacan las garantías sociales y los derechos civiles históricamente establecidos por el Estado de bienestar, la educación superior, los sindicatos, los derechos reproductivos y las libertades civiles. Mientras tanto, estas fuerzas socavan la confianza pública en las instituciones fundamentales de la democracia.
Esta cruda realidad fue descrita por Axel Honneth en su libro Patologías de la razón como una «sociabilidad fallida», característica de un número creciente de sociedades en las que la democracia se debilita: un fracaso en el poder de la imaginación cívica, la voluntad política y la democracia abierta. Forma parte, además, de una política que despoja a lo social de todo ideal democrático y socava cualquier comprensión de la educación como bien público y de la pedagogía como práctica empoderadora : una práctica capaz de actuar directamente sobre las condiciones que condicionan nuestras vidas para transformarlas cuando sea necesario.
Como señala Chandra Mohanty:
En su vertiente más ambiciosa, la pedagogía crítica busca que los estudiantes reflexionen críticamente sobre su lugar en relación con el conocimiento que adquieren y transformen fundamentalmente su visión del mundo al tomar en serio la política del conocimiento. Es una pedagogía que intenta vincular el conocimiento, la responsabilidad social y la lucha colectiva. Y lo hace enfatizando los riesgos que implica la educación, las luchas por el cambio institucional y las estrategias para desafiar las formas de dominación, así como creando espacios públicos más equitativos y justos dentro y fuera de las instituciones educativas.
En esencia, la pedagogía crítica plantea interrogantes sobre cómo comprender la educación como una práctica moral y política, y no meramente técnica. Lo que está en juego aquí es el significado y el propósito mediante los cuales los educadores establecen las condiciones pedagógicas para crear una esfera pública de ciudadanos capaces de ejercer poder sobre sus propias vidas. La pedagogía crítica se organiza en torno a la lucha por la agencia, los valores y las relaciones sociales dentro de diversos contextos, recursos e historias. Su objetivo es formar estudiantes que puedan pensar críticamente, ser considerados con los demás, asumir riesgos, pensar con audacia e imaginar un futuro que amplíe y profundice lo que significa ser un ciudadano comprometido capaz de vivir en una democracia sustantiva.
¿Qué labor deben realizar los educadores para crear las condiciones económicas, políticas y éticas necesarias para dotar a los jóvenes y al público en general de la capacidad de pensar, cuestionar, dudar, imaginar lo inimaginable y defender la educación como esencial para inspirar y motivar a los ciudadanos, indispensables para la existencia de una democracia sólida? Este es un tema particularmente importante en un momento en que la educación superior sufre recortes presupuestarios y los estudiantes son castigados con enormes aumentos en las matrículas y deudas financieras, al tiempo que son sometidos a una pedagogía de represión que se ha afianzado bajo la bandera de reformas educativas reaccionarias y opresivas impulsadas por multimillonarios de derecha y gestores de fondos de inversión. Abordar la educación como una esfera pública democrática es también crucial como herramienta teórica y recurso político para luchar contra los modelos de gobernanza neoliberales que han reducido al profesorado de todo Estados Unidos a profesores adjuntos y trabajadores a tiempo parcial con escasos o nulos beneficios. Estos trabajadores son quienes sufren las peores consecuencias de un proceso laboral tan explotador como desempoderador.
Los educadores necesitan un nuevo lenguaje para la era actual.
Dada la crisis de educación, capacidad de acción y memoria que azota la coyuntura histórica actual, los educadores necesitan un nuevo lenguaje para abordar los contextos cambiantes de un mundo en el que una convergencia sin precedentes de recursos —financieros, culturales, políticos, económicos, científicos, militares y tecnológicos— se utiliza cada vez más para ejercer formas poderosas y diversas de control y dominación. Dicho lenguaje debe ser autorreflexivo y directivo sin ser dogmático, y debe reconocer que la pedagogía es siempre política porque está vinculada a la adquisición de capacidad de acción. En este caso, politizar la pedagogía implica estar atentos a lo que Gary Olson y Lynn Worsham describen como «ese preciso momento en que se producen identidades, se constituyen grupos o se crean objetos». Al mismo tiempo, significa que los educadores deben estar atentos a aquellas prácticas en las que se niegan modos críticos de acción e identidades particulares.
En parte, esto sugiere desarrollar prácticas educativas que no solo inspiren y motiven a las personas, sino que también sean capaces de desafiar el creciente número de prácticas y políticas antidemocráticas bajo la tiranía global del capitalismo de casino. Esta visión exige que imaginemos una vida más allá de un orden social sumido en la desigualdad masiva, los constantes ataques al medio ambiente y la elevación de la guerra y la militarización a los ideales nacionales más elevados y sagrados. En tales circunstancias, la educación se convierte en algo más que una obsesión con los sistemas de rendición de cuentas y la perpetuación de una cultura de auditoría (una cultura caracterizada por un llamado a la objetividad y un énfasis desenfrenado en el empirismo). Las culturas de auditoría respaldan políticas educativas conservadoras impulsadas por los valores del mercado y una inmersión acrítica en la cruda racionalidad de una sociedad de mercado obsesionada con los datos; por lo tanto, están reñidas con cualquier noción viable de una educación de inspiración democrática y una pedagogía crítica. Además, considerar la educación pública y superior como esferas públicas democráticas exige rechazar la idea de que deban reducirse a lugares para capacitar a los estudiantes para el mercado laboral; una visión reduccionista que ahora imponen a la educación pública empresas de alta tecnología como Facebook, Netflix y Google, que quieren fomentar lo que llaman la misión empresarial de la educación, que en realidad significa reducir la educación a mera capacitación.
La educación puede convertirse fácilmente en una forma de violencia simbólica e intelectual que ataca en lugar de educar. Ejemplos de esta violencia se observan en la cultura de la auditoría y la enseñanza basada en la evidencia empírica que predominan en la educación superior. Estos proyectos educativos equivalen a pedagogías de represión y sirven principalmente para adormecer la mente y producir lo que podríamos llamar zonas muertas de la imaginación. Se trata de pedagogías eminentemente disciplinarias que muestran poca consideración por los contextos, la historia, la construcción de significado del conocimiento o la ampliación del significado que implica para los estudiantes ser agentes críticos comprometidos. Por supuesto, la continua corporativización de la universidad está impulsada por modos de evaluación que a menudo socavan la autonomía docente y tratan el conocimiento como una mercancía y a los estudiantes como clientes, imponiendo estructuras de gobernanza brutales en la educación superior. En tales circunstancias, la educación incumple sus obligaciones democráticas y se convierte en una herramienta de control y de impotencia, adormeciendo así la imaginación.
El desafío fundamental que enfrentan los educadores en la era actual de creciente autoritarismo a nivel mundial es crear espacios públicos donde los estudiantes puedan reflexionar sobre la relación entre el conocimiento, la autodefinición y la acción social. Esto implica, en parte, brindarles las habilidades, ideas, valores y la autoridad necesarias para que no solo estén bien informados y tengan conocimientos en diversas tradiciones y disciplinas, sino que también puedan comprometerse con la realidad de una democracia sustantiva. En este contexto, los estudiantes aprenden a reconocer las formas antidemocráticas de poder y a combatir las injusticias profundamente arraigadas en una sociedad y un mundo basados en desigualdades sistémicas económicas, raciales y de género.
La educación, en este sentido, implica reconocer que toda práctica pedagógica presupone una noción de futuro, prioriza ciertas formas de identificación sobre otras y valora determinados modos de conocimiento. (Pensemos en el gran prestigio que se tiene en las escuelas de negocios, mientras que las escuelas de educación suelen ser menospreciadas). Además, dicha educación no ofrece garantías. En cambio, reconoce que sus propias políticas, ideología y valores se fundamentan en modos particulares de autoridad, valores y principios éticos que deben ser constantemente debatidos por la forma en que abren y cierran las relaciones democráticas, los valores y las identidades.
La noción de una educación neutral y objetiva es una contradicción. La educación y la pedagogía no existen al margen de la ideología, los valores y la política. La ética, en lo que respecta a la educación, exige una apertura al otro, una voluntad de participar en una «política de la posibilidad» mediante un compromiso crítico continuo con textos, imágenes, eventos y otros registros de significado, tal como se transforman en prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula. La educación nunca es inocente: siempre está implicada en relaciones de poder y visiones específicas del presente y del futuro. Esto sugiere la necesidad de que los educadores reconsideren el bagaje cultural e ideológico que traen consigo a cada encuentro educativo. También subraya la necesidad de que los educadores rindan cuentas ética y políticamente, y reflexionen sobre las narrativas que producen, las reivindicaciones que hacen sobre la memoria colectiva y las imágenes del futuro que consideran legítimas. La educación, en este sentido, no es un antídoto contra la política, ni una añoranza nostálgica de un tiempo mejor o de un «futuro alternativo inconcebible». En cambio, se trata de lo que Terry Eagleton describe en su libro La idea de la cultura como un “intento de encontrar un puente entre el presente y el futuro en aquellas fuerzas dentro del presente que son potencialmente capaces de transformarlo”.
Uno de los retos más importantes para administradores, profesores y estudiantes de colegios y universidades es desarrollar un discurso que combine la crítica y la posibilidad. Esto implica crear discursos y prácticas pedagógicas que conecten la lectura de la palabra con la lectura del mundo, de manera que se potencien las capacidades de los jóvenes para ser agentes críticos y ciudadanos comprometidos.
Reviviendo la imaginación social
Educadores, estudiantes y demás personas preocupadas por el futuro de la educación superior deben emprender una enérgica ofensiva contra la toma de control gerencial de la universidad, iniciada a finales de la década de 1970 con el surgimiento de una ideología orientada al mercado, conocida como neoliberalismo, que sostiene que los principios del mercado deben regir no solo la economía, sino también toda la vida social, incluida la educación. Fundamental para este reconocimiento es la necesidad de luchar contra un sistema universitario desarrollado en torno a la reducción del poder del profesorado y el alumnado, la sustitución de una cultura de cooperación y colegialidad por una cultura de competencia feroz, el auge de una cultura de auditoría que ha generado una noción muy limitada de regulación y evaluación, y la visión estrecha y perjudicial de que los estudiantes son clientes y que las universidades «deberían funcionar más como empresas privadas que como instituciones públicas, con una mayor responsabilidad en la generación de ingresos», como afirma el académico australiano Richard Hill en su artículo de Arena «Contra la universidad neoliberal». Además, existe una necesidad urgente de garantizar el empleo a tiempo completo y la protección del profesorado, considerando el conocimiento como un bien público y la universidad como un bien público.
En cualquier sociedad democrática, la educación debe considerarse un derecho, no una prerrogativa. Los educadores deben impulsar un debate nacional en el que la educación superior pueda defenderse como un bien público.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, permítanme concluir señalando seis consideraciones adicionales para el cambio.
En primer lugar, es necesario lo que podría denominarse un renacimiento de la imaginación social y la defensa del bien común, especialmente en lo que respecta a la educación superior, para recuperar sus impulsos igualitarios y democráticos. Este renacimiento formaría parte de un proyecto más amplio para, como escribe Stanley Aronowitz en Tikkun , «reinventar la democracia a raíz de la evidencia de que, a nivel nacional, no existe democracia —si por «democracia» entendemos la participación popular efectiva en las decisiones cruciales que afectan a la comunidad—». Un paso en esta dirección sería que los jóvenes, los intelectuales, los académicos y otros actores sociales pasaran a la ofensiva contra lo que Gene R. Nichol ha descrito como la campaña liderada por los conservadores «para acabar con la influencia democratizadora de la educación superior en la nación». La educación superior no debe estar al servicio ni de las exigencias del Estado belicista ni de las necesidades instrumentales de las corporaciones. Claramente, en cualquier sociedad democrática, la educación debe considerarse un derecho, no una prerrogativa. Los educadores deben impulsar un diálogo nacional en el que la educación superior se defienda como un bien público y el aula como un espacio de investigación comprometida y pensamiento crítico, un espacio que aspire a la imaginación radical y fomente el sentido de la valentía cívica. Al mismo tiempo, el discurso sobre la definición de la educación superior como una esfera pública democrática proporcionaría la plataforma para abordar la cuestión más amplia del desarrollo de un movimiento social en defensa de los bienes públicos.
En segundo lugar, creo que los educadores deben considerar la definición de pedagogía, si no de la educación misma, como fundamental para la creación de esos espacios públicos democráticos que fomentan una ciudadanía informada. Desde una perspectiva pedagógica, esto apunta a modos de enseñanza y aprendizaje capaces de generar y mantener una cultura de cuestionamiento, y de propiciar lo que Kristen Case denomina «momentos de gracia en el aula». En este contexto, los momentos de gracia se entienden como instantes que permiten que el aula se convierta en un espacio para el pensamiento crítico, para plantear preguntas inquietantes y para asumir riesgos, incluso si ello implica transgredir las normas establecidas y los procedimientos burocráticos.
Las pedagogías de la gracia en el aula deben proporcionar las condiciones para que los estudiantes y otros reflexionen críticamente sobre las concepciones del mundo basadas en el sentido común y comiencen a cuestionar su propio sentido de agencia, sus relaciones con los demás y su relación con el mundo en general. Esto se vincula con imperativos pedagógicos más amplios que se preguntan por qué existen guerras, desigualdad masiva y un estado de vigilancia. También está la cuestión de cómo todo se ha mercantilizado, junto con el debilitamiento de una política de traducción que impide la disolución de lo público en lo privado. Esto no es meramente una consideración metodológica, sino también una práctica moral y política, ya que presupone el desarrollo de estudiantes con pensamiento crítico que puedan imaginar un futuro en el que la justicia, la igualdad, la libertad y la democracia importen.
Estas prácticas pedagógicas ofrecen un sinfín de posibilidades para comprender el aula como un espacio que transforma, involucra, inquieta e inspira. La educación, entendida como espacio público democrático, no puede existir bajo modelos de gobernanza dominados por un modelo empresarial, especialmente uno que somete al profesorado a un modelo de relaciones laborales al estilo Walmart, diseñado para «reducir los costes laborales y aumentar la servidumbre», como escribe Noam Chomsky . En Estados Unidos, más del 70 % del profesorado ocupa puestos sin titularidad y a tiempo parcial, muchos de ellos sin prestaciones y con salarios tan bajos que apenas cumplen los requisitos para recibir ayuda alimentaria. Es necesario brindar al profesorado mayor seguridad laboral, empleos a tiempo completo, autonomía y el apoyo que necesitan para desempeñarse como profesionales. Si bien muchos otros países no emulan este modelo de servidumbre docente, forma parte de un legado neoliberal que está ganando terreno cada vez más a nivel mundial.
En tercer lugar, los educadores deben desarrollar un programa educativo integral que enseñe a los estudiantes a desenvolverse en un mundo caracterizado por múltiples modos de alfabetización interrelacionados, desde la cultura impresa hasta la visual y la digital. Es fundamental reconocer que no basta con enseñar a los estudiantes a analizar críticamente la cultura digital y otras formas de representación auditiva, audiovisual y visual. También deben aprender a ser productores culturales. Esto implica desarrollar espacios públicos alternativos, como revistas digitales, programas de televisión, periódicos, fanzines y cualquier otra plataforma que permita el desarrollo de diferentes modos de representación. Estas tareas pueden llevarse a cabo movilizando los recursos y plataformas tecnológicas con las que muchos estudiantes ya están familiarizados.
Enseñar producción cultural también implica trabajar dentro de los aparato cultural existente para promover ideas y perspectivas heterodoxas que desafíen los espacios afectivos e ideológicos creados por la élite financiera que controla las instituciones educativas públicas en Norteamérica. Muchos educadores y progresistas suelen olvidar que la cultura popular es una poderosa herramienta educativa para muchos jóvenes, y sin embargo, rara vez se la considera una fuente seria de conocimiento. Como señala Stanley Aronowitz en su libro Contra la escolarización , «los teóricos e investigadores deben vincular su conocimiento de la cultura popular, y de la cultura en el sentido antropológico —es decir, la vida cotidiana—, con la política educativa».
En cuarto lugar, académicos, estudiantes, activistas comunitarios, jóvenes y padres deben participar en una lucha constante por el derecho de los estudiantes a recibir una educación gratuita, sólida y crítica, libre de los valores corporativos, y por el derecho de los jóvenes a opinar sobre cómo configurar su educación y qué significa ampliar y profundizar la práctica de la libertad y la democracia. La educación superior, si se considera un bien público, debería ser prácticamente gratuita, al menos para los pobres, y totalmente asequible para todos los demás. Esta no es una demanda radical; países como Alemania, Francia, Noruega, Finlandia y Brasil ya ofrecen este servicio a los jóvenes.
El acceso a la educación superior es especialmente crucial en un momento en que los jóvenes han sido excluidos del debate democrático. A menudo carecen de empleo, una educación digna, esperanza y cualquier atisbo de un futuro mejor que el que heredaron sus padres. Enfrentados a lo que Richard Sennett denomina el «espectro de la inutilidad», son un recordatorio de cómo el capital financiero ha abandonado cualquier visión viable del futuro, incluyendo una que pudiera sustentar a las generaciones venideras. Este es un modelo de política y capital que devora a sus propios hijos y arroja su destino a los caprichos del mercado. La ecología del capital financiero solo cree en las inversiones a corto plazo porque proporcionan ganancias rápidas. En tales circunstancias, los jóvenes que necesitan inversiones a largo plazo son considerados una carga.
En quinto lugar, los educadores deben capacitar a los estudiantes para que desarrollen una visión integral de la sociedad que trascienda los problemas aislados. Solo mediante la comprensión de las relaciones y conexiones de poder más amplias, los jóvenes y otros colectivos podrán superar las prácticas desinformadas, las luchas aisladas y las políticas singulares que se vuelven insulares y contraproducentes. En resumen, ir más allá de una orientación centrada en un solo problema implica desarrollar modos de análisis que conecten los puntos histórica y relacionalmente. También implica desarrollar una visión más integral de la política y el cambio. La clave reside en la noción de traducción, es decir, la necesidad de transformar los problemas privados en problemas públicos más amplios.
En sexto lugar, otro desafío importante para los educadores que creen que las universidades deben funcionar como espacios públicos democráticos es desarrollar un discurso que combine la crítica y la posibilidad, o lo que he denominado un discurso de esperanza informada. Al emprender este proyecto, los educadores y otros actores deben procurar crear las condiciones que brinden a los estudiantes la oportunidad de convertirse en ciudadanos críticos y comprometidos, con el conocimiento y el valor necesarios para luchar y lograr que la desolación y el cinismo resulten poco convincentes, y que la esperanza se convierta en una realidad. La crítica es fundamental para romper con las suposiciones del sentido común que legitiman una amplia gama de injusticias. Sin embargo, la crítica no basta. Sin un discurso de esperanza simultáneo, puede conducir a una desesperación paralizante o, peor aún, a un cinismo pernicioso. La razón, la justicia y el cambio no pueden florecer sin esperanza. La esperanza implica imaginar una vida más allá del capitalismo y combina un sentido realista de los límites con una visión ambiciosa que exige lo imposible. La esperanza informada se nutre de nuestras experiencias más profundas y de nuestro anhelo de una vida digna en comunión con los demás, una vida en la que sea posible imaginar un futuro que no imite el presente. No me refiero a una noción romántica y vacía de esperanza, sino a una esperanza consciente que afronta los obstáculos y realidades concretas de la dominación, pero que continúa la tarea constante de lo que Andrew Benjamin describe como «mantener el presente abierto y, por lo tanto, inacabado».
El discurso de la posibilidad busca soluciones productivas y es crucial para defender aquellos espacios públicos donde los valores cívicos, la erudición pública y el compromiso social permiten una visión más imaginativa de un futuro que tome en serio las exigencias de justicia, equidad y valentía cívica. La democracia debería fomentar, e incluso exigir, una forma de pensar críticamente sobre la educación, una que conecte la equidad con la excelencia, el aprendizaje con la ética y la capacidad de acción con los imperativos de la responsabilidad social y el bien común.
La historia está abierta. Es hora de pensar de otra manera para poder actuar de otra manera.
Mi amigo, el difunto Howard Zinn, insistió con razón en que la esperanza es la voluntad de «mantener, incluso en tiempos de pesimismo, la posibilidad de la sorpresa». Para añadir a esta elocuente súplica, diría que la historia está abierta. Es hora de pensar de otra manera para actuar de otra manera, especialmente si como educadores queremos imaginar y luchar por futuros alternativos y horizontes de posibilidades.
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Henry A. Giroux
Henry A. Giroux actualmente ostenta la Cátedra McMaster de Investigación en Interés Público en el Departamento de Inglés y Estudios Culturales y es el distinguido académico Paulo Freire en Pedagogía Crítica. Entre sus libros más recientes se incluyen: El terror de lo imprevisto (Los Angeles Review of Books, 2019), Sobre pedagogía crítica , 2.ª edición (Bloomsbury, 2020); Raza, política y pedagogía pandémica: Educación en tiempos de crisis (Bloomsbury, 2021); Pedagogía de la resistencia: Contra la ignorancia fabricada (Bloomsbury, 2022) e Insurrecciones: Educación en la era de la política contrarrevolucionaria (Bloomsbury, 2023), y, en coautoría con Anthony DiMaggio, Fascismo a juicio: Educación y la posibilidad de la democracia (Bloomsbury, 2025). Giroux también es miembro del consejo de administración de Truthout .
Fuente: Truthout
