Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvieron a exigir el cumplimiento de la ley que “el Gobierno Nacional no aplica desde hace más de un año, desconociendo todas las instancias legislativas y judiciales que la avalan”.
Fotos por Nicolas Solo ((i))
La columna, encabezada por ADUBA, APUBA y FUBA, partió desde Plaza Houssay al caer la tarde de este miércoles, recorrió el centro porteño y depositó velas encendidas frente al Palacio de Justicia, en una jornada que incluyó una clase abierta de Derecho Constitucional y el reclamo por una actualización salarial del 33% que el Gobierno sigue sin aplicar.
También se sumaron autoridades de la UBA, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos centros de estudiantes, junto a otras organizaciones y dirigencia política.
Fotos por Nicolas Solo ((i))
Al llegar a Tribunales se realizó una clase pública de Derecho Constitucional, a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli.
Al concluir el encuentro, los participantes cantaron el himno nacional y dejaron sus velas encendidas frente al Palacio de Justicia.
Antes de las 20.30, cuando la plaza ya estaba vacía, el personal de seguridad de la Corte Suprema las apagó y las retiró.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, cuando anularon el veto presidencial inicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la incumple: al promulgarla en octubre de 2025 mediante el Decreto 759, le introdujo un condicionante ilegal para su ejecución, que el Parlamento estableciera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.
Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frena la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y no docentes, además del refuerzo de becas estudiantiles.
A pesar de los fallos en contra por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma.
Publicado en CABA, Destacadas, Trabajadoras/es
