El presidente vasallo anunció un protocolo nacional que establece a la Policía Nacional como la principal fuerza operativa en los campus, restringe la autonomía universitaria y amenaza con entrar en las universidades para expulsar y castigar a cualquiera que el gobierno considere responsable de «vandalismo» o «terrorismo».
Por el equipo editorial de AND
«No permitiré que las universidades públicas sigan siendo refugios de violencia», gruñó el ultrarreaccionario presidente colombiano Abelardo De La Espriella al anunciar, el 13 de septiembre, la creación de un protocolo nacional que permitirá a la policía ingresar a las universidades públicas cuando el gobierno alegue la preparación de actos de «vandalismo» o «terrorismo». Al declarar que «la autonomía universitaria no está por encima del orden público», el presidente posicionó a la Policía Nacional como la principal fuerza operativa para estos casos e incluso amenazó con ingresar a los campus para desalojar y «hacer pagar» a los responsables.
La amenaza no quedó sin respuesta. El 14, estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Tunja salieron a las calles para protestar contra la entrada policial a los campus y defender la autonomía universitaria. La manifestación recorrió la ciudad hasta la Plaza Bolívar, mientras que los líderes estudiantiles anunciaron que las movilizaciones continuarían contra la intervención policial en las universidades. Esta reacción se suma a las movilizaciones que, desde que De La Espriella asumió el cargo, han enfrentado represión en las universidades públicas.
Una medida típicamente fascista.
Durante su discurso, De La Espriella intentó justificar la nueva medida estableciendo una distinción entre una “manifestación pacífica”, tolerada siempre que se mantuviera dentro de los límites establecidos por el antiguo Estado, y las formas combativas de protesta que ha comenzado a agrupar bajo las etiquetas de “vandalismo” y “terrorismo urbano”. Más grave aún, la intervención policial anunciada no se limita a delitos en curso. El reaccionario afirmó que la policía podría actuar cuando, según el gobierno, se estén preparando actos de esta naturaleza dentro de las universidades, lo que abre un margen mucho más amplio para que el Ejecutivo convierta la sospecha política en pretexto tanto para la entrada de fuerzas represivas en los campus como para la criminalización de las supuestas “libertades” de protesta, reunión y organización.
La medida incluso atenta contra la autonomía universitaria que la propia legislación del antiguo Estado colombiano proclama garantizar. El artículo 69 de la Constitución reconoce expresamente esta autonomía, mientras que la Ley 30 de 1992 asegura a las universidades el derecho a gobernar su vida académica y administrativa. Si bien la legislación ya autoriza el ingreso policial en casos excepcionales, como delitos flagrantes o situaciones de «imperativa necesidad», De La Espriella pretende instituir un protocolo específico para los campus y permitir la intervención cuando el propio gobierno alegue que se están preparando actos de «vandalismo» o «terrorismo».
El «terrorismo urbano» y la criminalización del movimiento estudiantil.
El discurso se produce después de que las universidades públicas volvieran a ser escenario de movilizaciones combativas contra el nuevo gobierno ultrarreaccionario. El 27 de agosto, organizaciones juveniles y activistas estudiantiles realizaron una vigilia frente a la Universidad de Antioquia en Medellín, protestando contra la “cooperación” militar con el imperialismo estadounidense y la presencia de personal militar de la entidad sionista. Al finalizar la manifestación, los jóvenes prendieron fuego a una efigie de De La Espriella; la Unidad para el Diálogo y el Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes ESMAD) reprimió la protesta con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras, piedras y un vehículo blindado, encontrando una fuerte resistencia por parte de los manifestantes.
Entre las organizaciones del movimiento estudiantil popular se encuentra el Movimiento de Estudiantes al Servicio del Pueblo (MESP) , que este año participó en el I Encuentro Nacional Antiimperialista en Medellín y respaldó una agenda de movilización contra la injerencia yanqui, en defensa de la educación pública y las luchas populares.
En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez se sumó a la ofensiva al afirmar que 22 grupos, a los que calificó de «radicales y criminales», operaban en universidades públicas, vinculando campus con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) , grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el narcotráfico menor. Esta acusación completa la misma estrategia política que el discurso presidencial: convertir la universidad, y no las demandas y luchas que se desarrollan en su seno, en un problema de seguridad pública.
El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) reaccionó al anuncio reafirmando la autonomía universitaria y advirtiendo contra la repetición de las estrategias de militarización y represión que han marcado la historia colombiana. Esta advertencia se fundamenta en una larga historia de represión: un estudio incorporado por la Comisión de la Verdad registró 588 estudiantes asesinados entre 1962 y 2011 —un promedio de uno por mes— y atribuyó el 36,6% de los casos en los que fue posible identificar a los responsables a agentes del Estado; grupos paramilitares fueron responsables de otro 27,2%. Además de los asesinatos, la historia mencionada por la UPN incluye desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, amenazas y procesos de estigmatización contra estudiantes, profesores, trabajadores y egresados.
La ofensiva contra los campus universitarios encuentra un paralelismo en el Congreso colombiano. El 1 de septiembre, ocho diputados, entre ellos Jaime Arizabaleta del Centro Democrático y Julio César Triana de Cambio Radical, presentaron la llamada Ley Antimáscara . El proyecto de ley establece castigos específicos para quienes el antiguo Estado acusa de ocultar deliberadamente su identidad para cometer actos clasificados como «vandalismo» en manifestaciones, con penas que van desde 54 a 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos, además de endurecer las penas relacionadas con el bloqueo de vías, común en protestas masivas y combativas.
De Colombia a Brasil
En Brasil, el intento de convertir las formas combativas de lucha estudiantil en casos policiales también ha cobrado fuerza recientemente. En la Universidad de São Paulo (USP), tras la ocupación de los bloques K y L del edificio de la Administración Central en junio, un guardia de seguridad de la universidad llamó «terroristas» a los manifestantes después de ser repelido cuando intentaba regresar al edificio; los empleados presentes intervinieron y respondieron: «Nadie es terrorista «. El Frente Independiente Marimbondo, una de las organizaciones involucradas en la movilización, denunció posteriormente que «ningún desacuerdo sobre los métodos de lucha puede servir como justificación para la represión policial» y afirmó que los estudiantes no pueden ser sometidos a la violencia policial «por atreverse a luchar por sus derechos».
El Movimiento Popular Revolucionario Estudiantil (MEPR), por su parte, denunció que las repercusiones de la ocupación llegaron al extremo de presentar a los manifestantes como «terroristas encapuchados» y atribuyó la responsabilidad del ingreso policial a la universidad a la administración universitaria. El Ejecutivo Nacional de Estudiantes de Pedagogía (ExNEPe), por su parte, denunció que los guardias habían intentado dañar la propiedad «para criminalizar a los estudiantes», además de reportar persecución y agresión tras el desalojo de los ocupantes; la organización elogió la movilización y afirmó que solo la lucha independiente y combativa permitiría a los estudiantes lograr sus demandas.
